¿POR QUE LA SOCIALDEMOCRÁCIA?
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, lunes 23 de enero de 2012
Si hay un momento en la historia venezolana, en donde Venezuela se juega su destino, es este. El país, al filo de la navaja gracias a la irresponsabilidad del presidente Chávez, está en vísperas de buscar salidas a la situación de crisis insoportable en la que vivimos.
En ese sentido, son muchas las opciones que tenemos los venezolanos al frente. Derechas, izquierdas, radicalismos, capitalismo popular, laboralismo…
Yo personalmente me decanto por la socialdemocracia moderna y hago pública mis razones.
La social democracia, entendida en la actualidad –y no como en sus inicios de socialismo reformista- acepta sin problemas las condiciones de disciplina fiscal, estabilidad macroeconómica y reformas políticas que demanda el neoliberalismo. Pero no deja de ser fiel a los principios y valores socialdemócratas (i) un Estado socialmente responsable; (ii) un Estado como regulador último de la economía y; (iii) un compromiso con el bienestar social de las mayorías.
Gobiernos socialdemócratas han logrado la reconstrucción del Estado hacia un nuevo Estado democrático, social e inversor; el impulso de una sociedad civil más activa; el establecimiento de una economía mixta y; la promoción de valores como la igualdad, la justicia, la responsabilidad y la inclusión, y ahí están los ejemplos de Tony Blair y su “Nuevo Laborismo”; Gerhard Schröder y su “Nuevo Centro” y Bill Clinton para demostrar la procedencia de este sistema político.
La socialdemocracia renovada logra afirmarse como una alternativa progresista frente a las tendencias conservadoras que han avalado el desarrollo desigual entre los ricos y los pobres en un contexto de trasnacionalización económica. Asimismo, se ha preservado la idea de un Estado social democrático que garantiza los derechos y el bienestar de los ciudadanos.
Así, por medio de la socialdemocracia se puede lograr el surgimiento de nuevos mercados globales y de la economía del conocimiento, y proporcionar una gama de prestaciones sociales en continuo crecimiento que no es posible en socialismo real ni en un modelo capitalista. La socialdemocracia busca crear un marco que evite tanto el Gobierno vertical, burocrático, auspiciado por la vieja izquierda como la aspiración de la derecha a desmantelar el Estado en su conjunto.
Los pilares de la socialdemocracia moderna están en la igualdad de oportunidades, la responsabilidad personal y la movilización de ciudadanos y comunidades. En esta tendencia se propone que las políticas públicas ya no estén dirigidas a la redistribución de la riqueza, sino más bien a la creación de ésta. Es decir, en lugar de ofrecer subsidios a las empresas, el Gobierno debería promover condiciones que llevan a las compañías a innovar y a los trabajadores a ser más eficientes en la economía global. Se insiste, como lo logró Bill Clinton en Estados Unidos.
Por supuesto que hay que aceptar bajo este concepto muchas reformas y conceptos neoliberales, ya que la socialdemocracia moderna se propugna como la búsqueda de lo mejor de ambos mundos. Lo que evita la socialdemocracia son amenazas a la cohesión social por el surgimiento de mercados sin regular.
Es posible bajo este sistema combinar la solidaridad social con una economía dinámica.
Para alcanzar esta meta se debe fomentar menos el gobierno nacional y el central, pero tener mayor significación sobre los procesos locales. Es decir, darle potenciar a la descentralización, que es la forma de, verdaderamente, acercar el ejercicio del poder a los ciudadanos y acercarlo a este.
Son estas algunas de las razones por las cuales me adhiero al sistema socialdemócrata moderno. Y por ello mismo, el 12 de febrero de 2012 daré mi voto al candidato que representa a la socialdemocracia, a quien se acerca más a los postulados que aquí he señalado. Creo que solo un socialdemócrata puede sacarnos de esta locura sin los traumas que generan los cambios bruscos.
Twitter: @rojasperezm
jueves, 26 de enero de 2012
JUSTICIA SOCIAL Y SOCIALDEMOCRÁCIA
JUSTICIA SOCIAL Y SOCIALDEMOCRÁCIA
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, lunes 16 de enero de 2012
La semana pasada se habló en esta columna sobre la necesidad de insistir en la compatibilidad de la libertad con la justicia social –tomando las palabras del profesor José Ignacio Hernández G.- y para ello, destaqué la necesidad de elegir a un presidente de tendencia socialdemócrata capaz de lograr ese equilibrio entre la imperante fuerza económica y financiera que debe tener el Estado, atendiendo los factores macroeconómicos con la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, teniendo al Estado como un gran factor de equidad.
Con estas coordenadas, la justicia social, que ha sido abiertamente desatendida por el gobierno fascista de Hugo Chávez, emerge como elemento clave de un proyecto socialdemócrata contrario al socialismo del siglo XXI. Redefinir la socialdemocracia en base a aplicar la justicia social pasa por diseñar políticas en las que el individuo sea el centro y objeto principal de la acción política, donde se apueste por la redistribución de oportunidades, donde se invierta en políticas de cohesión social y donde se afiance la capacidad y el poder del individuo para decidir más allá de su origen social.
Esto implica jerarquizar las preferencias de actuación, y aporta una posible escala de prioridades: reducir la pobreza, elevar la inversión en educación, favorecer la inclusión de los desempleados e inmigrantes en el mercado laboral, asegurar la cobertura y la protección social y distribuir la riqueza de manera equitativa acorde a variables sociales, familiares, de género….
Quien escribe se define como un socialdemócrata convencido, favorable a fortalecer el papel y la inversión de los estados, elevando notablemente la inversión en educación y tecnología, desarrollando políticas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral e integrando en el mercado laboral a los desempleados, sin que ello suponga poner en riesgo la seguridad de los que ya trabajan. Y en ese orden de ideas, considero que la opción lógica y viable para Venezuela, especialmente en las actuales condiciones en las que un gobierno tirano y autoritario va de salida, es que sea un socialdemócrata quien tome las riendas del país.
Hoy más que nunca se hace indispensable pensar en la justicia social, en acciones por parte del nuevo gobierno, que tengan como eje fundamental al ser humano y a sus capacidades, más allá de su capacidad económica.
Pensar en socialdemocracia hoy día es distanciarse tanto de las doctrinas populistas propias del gobierno de Hugo Chávez, que solo ha utilizado a los venezolanos como objetos para sus fines personales, pero a la vez separarse de doctrinas políticas que tengan como eje central la obtención de capital para, con ello, dar respuestas a los ciudadanos. El próximo gobierno debe orientar la situación a la verdadera satisfacción de los problemas de los ciudadanos sin utilizarlos, sin dándole una verdadera importancia: acercar verdaderamente el poder a la gente mediante la descentralización, brindarle de manera real y efectiva servicios públicos que solo el Estado puede brindar.
En fin, el próximo gobierno, a mi entender, debe inicialmente aceptar las condiciones de disciplina fiscal, estabilidad macroeconómica y reformas políticas que demanda el neoliberalismo, sin dejar de ser fiel a principios y valores socialdemócratas, como mantener la esencia de un Estado socialmente responsable; un Estado como regulador último de la economía y; el compromiso con el bienestar social de las mayorías. Es decir, un gobierno con base en la justicia social, sin olvidar los compromisos económicos estatales.
Solo con este equilibrio que da la socialdemocracia, Venezuela podrá salir del atolladero en que irresponsablemente Hugo Chávez la ha metido. Un gobierno liderado por un verdadero socialdemócrata puede lograr que las desigualdades profundísimas existentes en Venezuela disminuyan sin traumas. Ya lo recordaba el profesor Ricardo Antela Garrido: “La democracia debe cuidarse de la desigualdad pues conduce a la aristocracia… dijo Montesquieu”
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, lunes 16 de enero de 2012
La semana pasada se habló en esta columna sobre la necesidad de insistir en la compatibilidad de la libertad con la justicia social –tomando las palabras del profesor José Ignacio Hernández G.- y para ello, destaqué la necesidad de elegir a un presidente de tendencia socialdemócrata capaz de lograr ese equilibrio entre la imperante fuerza económica y financiera que debe tener el Estado, atendiendo los factores macroeconómicos con la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, teniendo al Estado como un gran factor de equidad.
Con estas coordenadas, la justicia social, que ha sido abiertamente desatendida por el gobierno fascista de Hugo Chávez, emerge como elemento clave de un proyecto socialdemócrata contrario al socialismo del siglo XXI. Redefinir la socialdemocracia en base a aplicar la justicia social pasa por diseñar políticas en las que el individuo sea el centro y objeto principal de la acción política, donde se apueste por la redistribución de oportunidades, donde se invierta en políticas de cohesión social y donde se afiance la capacidad y el poder del individuo para decidir más allá de su origen social.
Esto implica jerarquizar las preferencias de actuación, y aporta una posible escala de prioridades: reducir la pobreza, elevar la inversión en educación, favorecer la inclusión de los desempleados e inmigrantes en el mercado laboral, asegurar la cobertura y la protección social y distribuir la riqueza de manera equitativa acorde a variables sociales, familiares, de género….
Quien escribe se define como un socialdemócrata convencido, favorable a fortalecer el papel y la inversión de los estados, elevando notablemente la inversión en educación y tecnología, desarrollando políticas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral e integrando en el mercado laboral a los desempleados, sin que ello suponga poner en riesgo la seguridad de los que ya trabajan. Y en ese orden de ideas, considero que la opción lógica y viable para Venezuela, especialmente en las actuales condiciones en las que un gobierno tirano y autoritario va de salida, es que sea un socialdemócrata quien tome las riendas del país.
Hoy más que nunca se hace indispensable pensar en la justicia social, en acciones por parte del nuevo gobierno, que tengan como eje fundamental al ser humano y a sus capacidades, más allá de su capacidad económica.
Pensar en socialdemocracia hoy día es distanciarse tanto de las doctrinas populistas propias del gobierno de Hugo Chávez, que solo ha utilizado a los venezolanos como objetos para sus fines personales, pero a la vez separarse de doctrinas políticas que tengan como eje central la obtención de capital para, con ello, dar respuestas a los ciudadanos. El próximo gobierno debe orientar la situación a la verdadera satisfacción de los problemas de los ciudadanos sin utilizarlos, sin dándole una verdadera importancia: acercar verdaderamente el poder a la gente mediante la descentralización, brindarle de manera real y efectiva servicios públicos que solo el Estado puede brindar.
En fin, el próximo gobierno, a mi entender, debe inicialmente aceptar las condiciones de disciplina fiscal, estabilidad macroeconómica y reformas políticas que demanda el neoliberalismo, sin dejar de ser fiel a principios y valores socialdemócratas, como mantener la esencia de un Estado socialmente responsable; un Estado como regulador último de la economía y; el compromiso con el bienestar social de las mayorías. Es decir, un gobierno con base en la justicia social, sin olvidar los compromisos económicos estatales.
Solo con este equilibrio que da la socialdemocracia, Venezuela podrá salir del atolladero en que irresponsablemente Hugo Chávez la ha metido. Un gobierno liderado por un verdadero socialdemócrata puede lograr que las desigualdades profundísimas existentes en Venezuela disminuyan sin traumas. Ya lo recordaba el profesor Ricardo Antela Garrido: “La democracia debe cuidarse de la desigualdad pues conduce a la aristocracia… dijo Montesquieu”
Twitter: @rojasperezm
domingo, 15 de enero de 2012
¿POR QUÉ A VECES “EXPROPIAR ES ROBAR”? (A PROPÓSITO DE MARÍA CORINA MACHADO)
¿POR QUÉ A VECES “EXPROPIAR ES ROBAR”?
(A PROPÓSITO DE MARÍA CORINA MACHADO)
Manuel Rojas Pérez
Especial para Nociones Políticas
En otras oportunidades he hablado de la figura jurídica de la expropiación , haciendo especial énfasis en como el gobierno nacional ha utilizado este mecanismo para su uso personal, en muchos casos, como espada vengadora, violentando las garantías constitucionales que ella consagra.
Esto viene a cuento, ya que el viernes pasado, en la presentación de la memoria y cuenta del presidente de la República en la Asamblea Nacional, la diputada María Corina Machado expresó, de manera tajante, su disconformidad con el uso arbitrario de la expropiación.
La diputada –y precandidata presidencial- le dijo al presidente Chávez que “expropiar es robar” .
Tal frase causó un verdadero revuelo ya que mostraba la frustración que se siente frente al ataque del gobierno frente a la propiedad privada, lo cual, se insiste, ha sido tema de reiterado análisis por quien escribe.
Ahora bien, es muy importante aclarar esa frase “expropiar es robar”, desde un punto de vista jurídico, para determinar hasta qué punto llega su exactitud. En su momento, aplaudí la valentía de la diputada Machado, ya que tal frase alberga la filosofía de este gobierno, que utiliza la figura constitucional de la expropiación para arrebatarle a los venezolanos sus bienes privados, sin justificación alguna.
Pero, en modo alguno, la expropiación por si misma, es un robo. La figura, como tal, es totalmente legítima. El robo se casa cuando no se expropia sin que medien verdaderas y comprobadas razones de utilidad general, o cuando se utiliza la expropiación como un elemento sancionatorio. Ahí está el robo y la exactitud de la frase de la diputada María Corina Machado.
I
LA EXPROPIACIÓN. SU CONSTITUCIONALIDAD, LEGITIMIDAD E IMPORTANCIA
La expropiación, en concepto del profesor Lares Martínez, es una institución de derecho público, en virtud de la cual la Administración Pública, con fines de utilidad pública o social, adquiere coactivamente bienes pertenecientes a los ciudadanos, conforme al procedimiento determinado en la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social, y mediante el pago de justa indemnización.
La expropiación es una figura del derecho público, consagrada en el artículo 115 constitucional. La Administración Pública, con fines de utilidad pública o social, adquiere coactivamente bienes pertenecientes a los ciudadanos, conforme al procedimiento determinado en la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social, y mediante el pago de justa indemnización. Así, el Estado tiene la potestad de ordenar a un particular la transferencia forzosa de un bien mueble o inmueble de su propiedad, sin acuerdo de voluntades.
Ahora bien, vale destacar que la expropiación se aplica, solo cuando existe efectivamente una causa de utilidad pública.
El artículo 115 de la Constitución contempla la expropiación como un instrumento para que el Estado adquiera la propiedad de un particular, aún en contra de su voluntad, pero sólo de manera excepcional, mediante sentencia firme, previo pago de justa indemnización y únicamente para la construcción de obras o el desarrollo de actividades que hayan sido declaradas previamente como de utilidad pública.
Quiere decir esto que la expropiación no puede ser utilizada de manera laxa, sino con base en esa función social. El Estado, está en la obligación de demostrar que existen causas de interés general que hacen absolutamente obligatoria la expropiación. La potestad expropiatoria no es una figura a la cual la Administración puede echar mano en todo momento, sino que tiene unos límites muy claros, que están en la utilidad pública que obliga a la expropiación.
Debe entenderse este punto. La expropiación solo puede utilizarse cuando es absolutamente necesario para salvaguardar al interés general.
Aclaramos: jurídicamente no se podría expropiar un inmueble para hacer en ese sitio un hospital si existe otro sitio donde se puede hacer y que cumpla con las mismas condiciones del otro sitio. La Administración tendría que demostrar que sólo en ese sitio se puede hacer el hospital, alegando causas de accesibilidad, cercanía con la población, entre otras. Tampoco se podría expropiar un inmueble para hacer una línea de tren, si esta puede pasar por otro sitio.
Todo ello en razón de que es necesario conciliar dos aspectos fundamentales del orden social: por una parte, el interés público que requiere de un determinado bien y por el otro el legítimo derecho de propiedad de los particulares. Integrarlos armónicamente constituye el desiderátum de toda la normativa expropiatoria y la medida de su eficacia.
De este modo se garantiza a las personas que la Administración Pública no pretende imponer la potestad expropiatoria como fórmula de hacerse con la propiedad de un particular para fines personales, sino que efectivamente existen elementos que obligan a la expropiación. Se obliga entonces, desde el punto de vista legal, que la expropiación sea por causa de utilidad pública.
Para que la expropiación respete los canales regulares y asegure que efectivamente se está ejecutando con causa de utilidad general, esta debe cumplir un procedimiento específico que, muy resumido, sería este:
(i) Declaratoria de Utilidad Pública: la Asamblea Nacional, el Concejo Legislativo Estadal o la Cámara Municipal, según corresponda, deberá declarar de manera previa -no después- y mediante ley -no mediante Acuerdo o Nota- que la construcción de un tipo de obras en general -no un bien concreto- es de utilidad pública (ejemplo: hospitales o carreteras).
(ii) Decreto de Expropiación: el Presidente, el gobernador o el alcalde, según el caso, debe identificar plenamente el bien -en concreto- que se va a expropiar, para una obra que ya fue declarada de utilidad pública, y que ha sido concebida previamente -no después- que cuente con planos, especificaciones y recursos presupuestarios asignados.
(iii) Arreglo Amigable: debe convocarse al expropiado a un arreglo amigable, para que una comisión de tres peritos determine el monto de la indemnización.
(iv) Juicio: de no haber arreglo, se inicia un juicio para determinar si procede la expropiación y el monto de la indemnización. Sólo en ese juicio se puede acordar la ocupación anticipada del bien -no antes- previa consignación del monto del avalúo. A falta de arreglo, el juez declarará la transferencia de la propiedad, previo pago de la indemnización en efectivo -no en títulos o bonos públicos-
Recapitulemos el asunto entonces: tenemos que la expropiación está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y hay una ley que la regula de manera expresa, ley que obliga a utilizarla solo en casos de extrema necesidad y como último recurso.
Luego, la expropiación por sí misma, no es errónea. Esta tiene una importancia fundamental en las sociedades.
Las ciudades van creciendo, se van expandiendo, y van naciendo otras aledañas. Esto hace que nazca la necesidad de que el Estado busque maneras de prestar los servicios públicos básicos a estas ciudades nacientes o en expansión.
Imaginemos esa ciudad que acaba de nacer al lado de otra. Ella necesita agua, luz, alcantarillado, transporte público. Lo propio es que el Estado lleve, de la ciudad ya construida a la ciudad naciente estos servicios.
Para ello, debe contar con espacio físico para crear carreteras, autopistas, pasos de postes de luz y alumbrado, gaseoductos… y no siempre ese espacio físico está disponible porque ya ha sido habitado por edificios, casas, locales comerciales.
Pues aquí el Estado hace buena la idea de la utilidad pública. Tengamos presente que en el estado social y democrático nace de la idea que hay que darle prioridad al interés general sobre un interés particular, pero respetando e indemnizando a este último. Esto deviene de lo que se llama el principio de las cargas públicas: nadie puede tener más cargas que su vecino. Todos debemos tener las mismas cargas. Ergo, todos pagamos la misma cantidad de impuestos y tenemos los mismos deberes y obligaciones. Por ello, cuando ese equilibrio se rompe, se rompe el principio de las cargas públicas y el Estado debe indemnizarlo.
Pero, como hay una prioridad del interés general sobre un interés particular, el Estado no puede dejar de darle servicios a la nueva ciudad porque en el medio de donde debe pasar la autopista haya unos tres o cuatro edificios. Ahí el Estado, coactivamente, adquiere esos edificios, pagando su precio a sus propietarios, y los derriba para que pase la autopista, o la carretera, o el alumbrado eléctrico a la nueva ciudad.
Aquí usted podrá preguntarse ¿pero la propiedad privada o es u derecho sagrado, un derecho humano que no puede ser violentado bajo ningún aspecto? No. La propiedad privada no es un derecho humano. Los derechos humanos, y por tanto imperturbables, son los que nacen con uno mismo: el derecho a la vida, a la libertad, a un nombre, a un padre y a una madre, a la alimentación… pero como todos nacimos sin nada, y nuestra propiedad la vamos aumentando según vamos naciendo y en donde vamos naciendo, esta no puede considerarse como un derecho humano. Es un derecho, sin duda alguna, y debe ser respetado, pero es un derecho que puede ser limitado en razón de un interés social .
Por ello, al Estado se le da la potestad expropiatoria. Pero solo puede ser usada cuando sea estrictamente necesario, y demostrando que la expropiación es absolutamente necesaria, y siempre pagando el precio justo del bien.
II
LA EXPROPIACIÓN PARA EL GOBIERNO DE HUGO CHÁVEZ. UNA NUEVA FILOSOFÍA Y EL “EXPROPIAR ES ROBAR”
Cuando uno va de la teoría a la práctica, se consigue que la diputada maría Corina Machado dijo una verdad irrefutable. Pero una verdad que se aplica a como el gobierno chavista le da un mal uso a la figura de la expropiación, y no a la expropiación en sí misma.
Quizás lo más certero es que a diputada hubiese dicho “usted presidente, ha utilizado la expropiación para robar”. Pero no lo dijo así, aunque es lo que quiso decir. Si lo hubiese dicho así, hubiese quedado absolutamente claro el punto y esta aclaratoria no existiría.
Pero lo importante es que la diputada dio en el clavo y metió el dedo en la llaga: este gobierno ha utilizado la figura de la expropiación de manera arbitraria, abusiva, con la estricta finalidad de quitarle a los ciudadanos sus propiedades, sin que existan causa de utilidad pública o interés general –incluso sin que se haya intentado demostrar por parte del gobierno-.
Este gobierno se ha dedicado a hacer de la expropiación su carta de presentación. No en vano hay un listado verdaderamente extenso de propiedades expropiadas, las cuales no se fundamentan, en ningún caso en causas de utilidad pública o interés general y, más grave aún, no se han pagado.
Presento una pequeña lista que da cuenta de lo que venimos diciendo:
2007
- Febrero.- El Gobierno firma la compra de la compañía eléctrica Seneca y del 82,14% de Electricidad de Caracas, ambas controladas por capital estadounidense.
- 1 mayo.- La estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) toma simbólicamente el control de los campos petrolíferos de la Faja del Orinoco, con reservas estimadas en 316.000 millones de barriles, tras acordar la creación de empresas mixtas con mayoría estatal.
- Mayo.- El Gobierno nacionaliza la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV). Además, eleva al 92,98% la participación estatal en Electricidad de Caracas con una OPA.
- 26 junio.- Las estadounidenses Exxon Mobil y ConocoPhilips rechazan formar una empresa mixta con mayoría accionarial de PDVSA en la Faja del Orinoco e inician un litigio contra el Gobierno venezolano.
2008
- Enero.- Treinta y dos campos petroleros de la Faja del Orinoco pasan oficialmente a control estatal.
- 14 marzo.- Nacionalización de una cadena frigorífica y la empresa Lácteos Los Andes para garantizar la “soberanía alimentaria”.
- 3 abril.- Hugo Chávez anuncia que nacionalizará “toda la industria cementera” del país.
- 9 abril.- Chávez ordena la nacionalización de la siderúrgica Sidor, del grupo ítalo-argentino Ternium Techint.
- 31 julio.- Chávez anuncia que nacionalizará el Banco de Venezuela, filial del español Santander (decisión que quedó entonces congelada).
- 18-19 agosto.- El Gobierno acuerda comprar la cementera francesa Lafarge y la suiza Holcim (por 552 millones de dólares y 267 millones, respectivamente) y expropia la filial de la mexicana Cemex. Aún no se ha llegado a un acuerdo con Cemex.
- 27 agosto.- Aprobada una ley que nacionaliza el transporte interno de combustible, del que PDVSA ya controlaba el 49%.
- 5 noviembre.- El Gobierno anuncia la nacionalización en 2009 de la mina de oro “Las Cristinas”, explotada desde 2002 por la empresa canadiense Crystallex.
2009
- 28 febrero.- El Gobierno ordena la intervención y control militar de empresas arroceras a las que acusa de los desabastecimientos. La principal afectada es Alimentos Polar.
- 4 marzo.- Chávez ordena expropiar las plantas procesadoras de arroz de la empresa estadounidense Cargill, a la que acusa de “violar” la ley de producción de alimentos con precios controlados.
- 6 marzo.- Intervención de 1.500 hectáreas de tierras de la multinacional papelera irlandesa Smurfit Kappa, “para sembrar caraotas (fríjoles), maíz, sorgo, yuca, ñame”.
- 15 marzo.- Chávez ordena la toma militar de los puertos de Maracaibo y Puerto Cabello, ante la resistencia de las autoridades regionales a transferir su gestión al poder central.
- 18 marzo.- La Alcaldía del Caracas firma un acuerdo amistoso de desalojo de un solar de Coca Cola-Femsa.
- 26 marzo.- Chávez anuncia que la aerolínea Aeropostal, intervenida en noviembre de 2008, se convertirá en empresa de “propiedad social”.
- 8 mayo.- Nacionalización de 60 empresas de actividades petroleras complementarias (transporte, inyección de agua, vapor o gas) en el lago de Maracaibo (occidente).
- 10 mayo.- El presidente Chávez expropia 10.000 hectáreas de latifundios para fomentar la producción de alimentos.
- 15 mayo.- El Gobierno venezolano inicia la “ocupación temporal”, por 90 días, de una planta productora de pasta de la trasnacional estadounidense Cargill.
- 21 mayo.- Chávez anuncia la nacionalización de cuatro empresas metalúrgicas, Matesi, Comsigua, Orinoco Iron, Venprecar, y una fabricante de tubos de acero sin costura, con capitales japoneses, mexicanos, europeos y australianos.
- 21 mayo.- El mandatario venezolano encabeza el acto de toma de control de la “Planta Compresora de Gas PIGAP II”, expropiada a la firma estadounidense Williams Companies Inc.
- 3 jul.- El Gobierno venezolano formaliza la compra del Banco de Venezuela, filial en el país del Grupo Santander, con un primer pago del total de 1.050 millones de dólares acordados, en un acto que contó con la presencia del presidente de la entidad española, Emilio Botín.
- 14 oct.- El Gobierno venezolano decreta la “adquisición forzosa” del Complejo Hotelero Margarita Hilton, tras vencer el 13 de octubre de 2009 el contrato que tenía la cadena Hilton para su gestión, según explica el Ministerio de Turismo.
- 21 oct.- El Gobierno venezolano interviene dos centrales azucareras como paso previo a su expropiación, una de ellas de capital colombiano.
2010
- 19 ene.- La oficialista Asamblea Nacional venezolana declara de “utilidad pública e interés social” la cadena de hipermecados Éxito, perteneciente al grupo francés Casino, y un centro comercial caraqueño, como primer paso para la expropiación de esos bienes.
- 20 ene.- El presidente Chávez firma el decreto de expropiación de los seis mercados de la cadena de hipermecados Éxito.
- 7 feb.- Chávez ordena la expropiación de un conjunto de edificios en el centro de Caracas para “recuperar su valor histórico”.
- 13 feb.- El gobernante venezolano anuncia que aceptó una propuesta del grupo francés Casino y comprará el 80 por ciento de su paquete accionarial en la empresa Cativen, propietaria de los expropiados hipermercados Éxito y de la cadena de automercados Cada.
- 27 abr.- Chávez firma el decreto de expropiación de unos galpones de las empresas Polar, la mayor productora y procesadora de alimentos del país, a la que recomienda resignarse y no resistirse a la medida.
- 12 may.- El Gobierno venezolano anuncia la nacionalización de la Universidad Santa Inés, en Barinas, el estado natal de Chávez, por presentar supuesta “irregularidades administrativas”.
- 13 may.- El Gobierno venezolano decreta la expropiación de la empresa de alimentos Sociedad Mercantil Molinos Nacionales (Monaca), participada mayoritariamente por el grupo mexicano Gruma.
La ley es clara en cuanto a lo que decíamos en el capítulo anterior. Por tanto, la práctica expropiatoria común del gobierno es claramente ilegal, inviable en Derecho. Cuando el Ejecutivo Nacional anuncia expropiaciones a diestra y siniestra, y luego es que ordena cumplir los requisitos antes explicados, realiza un acto manifiestamente ilegal, desviando el poder conferido por ley, violando la Constitución y las leyes expropiatorias y menoscabando el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos.
Cada una de las expropiaciones realizadas en los últimos tiempos, tienen la marca de la ilegalidad y la arbitrariedad. Debe resaltarse que la expropiación es una figura excepcional, que sólo debe ser utilizada en casos muy específicos. Su uso indiscriminado, ya de por sí, afirma todo un concepto de ilegalidad en ellas.
Actualmente no se cumplen los procedimientos administrativos y judiciales necesarios en las expropiaciones. Mucho menos se motivan las causas de las mismas. Se apela al simplismo de las razones de utilidad pública, sin entrar a detallar cuáles son estas en el caso y momento concreto.
El riesgo empresarial en Venezuela en materia de propiedad es grande, ya que el Estado entiende a la expropiación como una figura sencilla, de fácil y corriente uso. Y es el caso que, como ya se ha resaltado aquí, tal instrumento jurídico debe ser utilizado por el Estado de manera racional y excepcional. Es decir, sólo para muy determinados casos, cuando se demuestre fehacientemente que existen razones de interés general para ello, y cumpliéndose los procedimientos de rigor.
Por ello, lo que dijo la diputada dio en el clavo. Maria Corina Machado definió como piensa este gobierno. Desde aquí, vaya nuestra felicitación por su valentía y su certeza. Pero tal declaración merecía ser aclarada para determinar hasta donde llega su exactitud.
1. “Notas sobre la expropiación” publicado el 22 de febrero de 2010 en el Correo del Caroní y en este blog. http://www.nocionespoliticas.blogspot.com/2010/02/notas-sobre-la-exrpopacion.html y “La Expropiación como riesgo empresarial en Venezuela” publicado el 8 de noviembre de 2010 en el Correo del Caroní y en este blog http://www.nocionespoliticas.blogspot.com/2010/11/la-expropiacion-como-riesgo-empresarial.html En distintas charlas y conferencias en Foros Universitarios y Políticos, de la misma manera, he hablado del tema, así como en mis clases de Derecho Administrativo Formal en la Universidad Monteávila.
2. http://www.youtube.com/watch?v=Uko7FPpF7y0
3. Rechazamos así la noción de la propiedad privada como un derecho humano y por tanto ilimitado. Si fuese así, unos tendrían más derechos que otros, y ello, constitucionalmente, es inadmisible.
(A PROPÓSITO DE MARÍA CORINA MACHADO)
Manuel Rojas Pérez
Especial para Nociones Políticas
En otras oportunidades he hablado de la figura jurídica de la expropiación , haciendo especial énfasis en como el gobierno nacional ha utilizado este mecanismo para su uso personal, en muchos casos, como espada vengadora, violentando las garantías constitucionales que ella consagra.
Esto viene a cuento, ya que el viernes pasado, en la presentación de la memoria y cuenta del presidente de la República en la Asamblea Nacional, la diputada María Corina Machado expresó, de manera tajante, su disconformidad con el uso arbitrario de la expropiación.
La diputada –y precandidata presidencial- le dijo al presidente Chávez que “expropiar es robar” .
Tal frase causó un verdadero revuelo ya que mostraba la frustración que se siente frente al ataque del gobierno frente a la propiedad privada, lo cual, se insiste, ha sido tema de reiterado análisis por quien escribe.
Ahora bien, es muy importante aclarar esa frase “expropiar es robar”, desde un punto de vista jurídico, para determinar hasta qué punto llega su exactitud. En su momento, aplaudí la valentía de la diputada Machado, ya que tal frase alberga la filosofía de este gobierno, que utiliza la figura constitucional de la expropiación para arrebatarle a los venezolanos sus bienes privados, sin justificación alguna.
Pero, en modo alguno, la expropiación por si misma, es un robo. La figura, como tal, es totalmente legítima. El robo se casa cuando no se expropia sin que medien verdaderas y comprobadas razones de utilidad general, o cuando se utiliza la expropiación como un elemento sancionatorio. Ahí está el robo y la exactitud de la frase de la diputada María Corina Machado.
I
LA EXPROPIACIÓN. SU CONSTITUCIONALIDAD, LEGITIMIDAD E IMPORTANCIA
La expropiación, en concepto del profesor Lares Martínez, es una institución de derecho público, en virtud de la cual la Administración Pública, con fines de utilidad pública o social, adquiere coactivamente bienes pertenecientes a los ciudadanos, conforme al procedimiento determinado en la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social, y mediante el pago de justa indemnización.
La expropiación es una figura del derecho público, consagrada en el artículo 115 constitucional. La Administración Pública, con fines de utilidad pública o social, adquiere coactivamente bienes pertenecientes a los ciudadanos, conforme al procedimiento determinado en la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social, y mediante el pago de justa indemnización. Así, el Estado tiene la potestad de ordenar a un particular la transferencia forzosa de un bien mueble o inmueble de su propiedad, sin acuerdo de voluntades.
Ahora bien, vale destacar que la expropiación se aplica, solo cuando existe efectivamente una causa de utilidad pública.
El artículo 115 de la Constitución contempla la expropiación como un instrumento para que el Estado adquiera la propiedad de un particular, aún en contra de su voluntad, pero sólo de manera excepcional, mediante sentencia firme, previo pago de justa indemnización y únicamente para la construcción de obras o el desarrollo de actividades que hayan sido declaradas previamente como de utilidad pública.
Quiere decir esto que la expropiación no puede ser utilizada de manera laxa, sino con base en esa función social. El Estado, está en la obligación de demostrar que existen causas de interés general que hacen absolutamente obligatoria la expropiación. La potestad expropiatoria no es una figura a la cual la Administración puede echar mano en todo momento, sino que tiene unos límites muy claros, que están en la utilidad pública que obliga a la expropiación.
Debe entenderse este punto. La expropiación solo puede utilizarse cuando es absolutamente necesario para salvaguardar al interés general.
Aclaramos: jurídicamente no se podría expropiar un inmueble para hacer en ese sitio un hospital si existe otro sitio donde se puede hacer y que cumpla con las mismas condiciones del otro sitio. La Administración tendría que demostrar que sólo en ese sitio se puede hacer el hospital, alegando causas de accesibilidad, cercanía con la población, entre otras. Tampoco se podría expropiar un inmueble para hacer una línea de tren, si esta puede pasar por otro sitio.
Todo ello en razón de que es necesario conciliar dos aspectos fundamentales del orden social: por una parte, el interés público que requiere de un determinado bien y por el otro el legítimo derecho de propiedad de los particulares. Integrarlos armónicamente constituye el desiderátum de toda la normativa expropiatoria y la medida de su eficacia.
De este modo se garantiza a las personas que la Administración Pública no pretende imponer la potestad expropiatoria como fórmula de hacerse con la propiedad de un particular para fines personales, sino que efectivamente existen elementos que obligan a la expropiación. Se obliga entonces, desde el punto de vista legal, que la expropiación sea por causa de utilidad pública.
Para que la expropiación respete los canales regulares y asegure que efectivamente se está ejecutando con causa de utilidad general, esta debe cumplir un procedimiento específico que, muy resumido, sería este:
(i) Declaratoria de Utilidad Pública: la Asamblea Nacional, el Concejo Legislativo Estadal o la Cámara Municipal, según corresponda, deberá declarar de manera previa -no después- y mediante ley -no mediante Acuerdo o Nota- que la construcción de un tipo de obras en general -no un bien concreto- es de utilidad pública (ejemplo: hospitales o carreteras).
(ii) Decreto de Expropiación: el Presidente, el gobernador o el alcalde, según el caso, debe identificar plenamente el bien -en concreto- que se va a expropiar, para una obra que ya fue declarada de utilidad pública, y que ha sido concebida previamente -no después- que cuente con planos, especificaciones y recursos presupuestarios asignados.
(iii) Arreglo Amigable: debe convocarse al expropiado a un arreglo amigable, para que una comisión de tres peritos determine el monto de la indemnización.
(iv) Juicio: de no haber arreglo, se inicia un juicio para determinar si procede la expropiación y el monto de la indemnización. Sólo en ese juicio se puede acordar la ocupación anticipada del bien -no antes- previa consignación del monto del avalúo. A falta de arreglo, el juez declarará la transferencia de la propiedad, previo pago de la indemnización en efectivo -no en títulos o bonos públicos-
Recapitulemos el asunto entonces: tenemos que la expropiación está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y hay una ley que la regula de manera expresa, ley que obliga a utilizarla solo en casos de extrema necesidad y como último recurso.
Luego, la expropiación por sí misma, no es errónea. Esta tiene una importancia fundamental en las sociedades.
Las ciudades van creciendo, se van expandiendo, y van naciendo otras aledañas. Esto hace que nazca la necesidad de que el Estado busque maneras de prestar los servicios públicos básicos a estas ciudades nacientes o en expansión.
Imaginemos esa ciudad que acaba de nacer al lado de otra. Ella necesita agua, luz, alcantarillado, transporte público. Lo propio es que el Estado lleve, de la ciudad ya construida a la ciudad naciente estos servicios.
Para ello, debe contar con espacio físico para crear carreteras, autopistas, pasos de postes de luz y alumbrado, gaseoductos… y no siempre ese espacio físico está disponible porque ya ha sido habitado por edificios, casas, locales comerciales.
Pues aquí el Estado hace buena la idea de la utilidad pública. Tengamos presente que en el estado social y democrático nace de la idea que hay que darle prioridad al interés general sobre un interés particular, pero respetando e indemnizando a este último. Esto deviene de lo que se llama el principio de las cargas públicas: nadie puede tener más cargas que su vecino. Todos debemos tener las mismas cargas. Ergo, todos pagamos la misma cantidad de impuestos y tenemos los mismos deberes y obligaciones. Por ello, cuando ese equilibrio se rompe, se rompe el principio de las cargas públicas y el Estado debe indemnizarlo.
Pero, como hay una prioridad del interés general sobre un interés particular, el Estado no puede dejar de darle servicios a la nueva ciudad porque en el medio de donde debe pasar la autopista haya unos tres o cuatro edificios. Ahí el Estado, coactivamente, adquiere esos edificios, pagando su precio a sus propietarios, y los derriba para que pase la autopista, o la carretera, o el alumbrado eléctrico a la nueva ciudad.
Aquí usted podrá preguntarse ¿pero la propiedad privada o es u derecho sagrado, un derecho humano que no puede ser violentado bajo ningún aspecto? No. La propiedad privada no es un derecho humano. Los derechos humanos, y por tanto imperturbables, son los que nacen con uno mismo: el derecho a la vida, a la libertad, a un nombre, a un padre y a una madre, a la alimentación… pero como todos nacimos sin nada, y nuestra propiedad la vamos aumentando según vamos naciendo y en donde vamos naciendo, esta no puede considerarse como un derecho humano. Es un derecho, sin duda alguna, y debe ser respetado, pero es un derecho que puede ser limitado en razón de un interés social .
Por ello, al Estado se le da la potestad expropiatoria. Pero solo puede ser usada cuando sea estrictamente necesario, y demostrando que la expropiación es absolutamente necesaria, y siempre pagando el precio justo del bien.
II
LA EXPROPIACIÓN PARA EL GOBIERNO DE HUGO CHÁVEZ. UNA NUEVA FILOSOFÍA Y EL “EXPROPIAR ES ROBAR”
Cuando uno va de la teoría a la práctica, se consigue que la diputada maría Corina Machado dijo una verdad irrefutable. Pero una verdad que se aplica a como el gobierno chavista le da un mal uso a la figura de la expropiación, y no a la expropiación en sí misma.
Quizás lo más certero es que a diputada hubiese dicho “usted presidente, ha utilizado la expropiación para robar”. Pero no lo dijo así, aunque es lo que quiso decir. Si lo hubiese dicho así, hubiese quedado absolutamente claro el punto y esta aclaratoria no existiría.
Pero lo importante es que la diputada dio en el clavo y metió el dedo en la llaga: este gobierno ha utilizado la figura de la expropiación de manera arbitraria, abusiva, con la estricta finalidad de quitarle a los ciudadanos sus propiedades, sin que existan causa de utilidad pública o interés general –incluso sin que se haya intentado demostrar por parte del gobierno-.
Este gobierno se ha dedicado a hacer de la expropiación su carta de presentación. No en vano hay un listado verdaderamente extenso de propiedades expropiadas, las cuales no se fundamentan, en ningún caso en causas de utilidad pública o interés general y, más grave aún, no se han pagado.
Presento una pequeña lista que da cuenta de lo que venimos diciendo:
2007
- Febrero.- El Gobierno firma la compra de la compañía eléctrica Seneca y del 82,14% de Electricidad de Caracas, ambas controladas por capital estadounidense.
- 1 mayo.- La estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) toma simbólicamente el control de los campos petrolíferos de la Faja del Orinoco, con reservas estimadas en 316.000 millones de barriles, tras acordar la creación de empresas mixtas con mayoría estatal.
- Mayo.- El Gobierno nacionaliza la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV). Además, eleva al 92,98% la participación estatal en Electricidad de Caracas con una OPA.
- 26 junio.- Las estadounidenses Exxon Mobil y ConocoPhilips rechazan formar una empresa mixta con mayoría accionarial de PDVSA en la Faja del Orinoco e inician un litigio contra el Gobierno venezolano.
2008
- Enero.- Treinta y dos campos petroleros de la Faja del Orinoco pasan oficialmente a control estatal.
- 14 marzo.- Nacionalización de una cadena frigorífica y la empresa Lácteos Los Andes para garantizar la “soberanía alimentaria”.
- 3 abril.- Hugo Chávez anuncia que nacionalizará “toda la industria cementera” del país.
- 9 abril.- Chávez ordena la nacionalización de la siderúrgica Sidor, del grupo ítalo-argentino Ternium Techint.
- 31 julio.- Chávez anuncia que nacionalizará el Banco de Venezuela, filial del español Santander (decisión que quedó entonces congelada).
- 18-19 agosto.- El Gobierno acuerda comprar la cementera francesa Lafarge y la suiza Holcim (por 552 millones de dólares y 267 millones, respectivamente) y expropia la filial de la mexicana Cemex. Aún no se ha llegado a un acuerdo con Cemex.
- 27 agosto.- Aprobada una ley que nacionaliza el transporte interno de combustible, del que PDVSA ya controlaba el 49%.
- 5 noviembre.- El Gobierno anuncia la nacionalización en 2009 de la mina de oro “Las Cristinas”, explotada desde 2002 por la empresa canadiense Crystallex.
2009
- 28 febrero.- El Gobierno ordena la intervención y control militar de empresas arroceras a las que acusa de los desabastecimientos. La principal afectada es Alimentos Polar.
- 4 marzo.- Chávez ordena expropiar las plantas procesadoras de arroz de la empresa estadounidense Cargill, a la que acusa de “violar” la ley de producción de alimentos con precios controlados.
- 6 marzo.- Intervención de 1.500 hectáreas de tierras de la multinacional papelera irlandesa Smurfit Kappa, “para sembrar caraotas (fríjoles), maíz, sorgo, yuca, ñame”.
- 15 marzo.- Chávez ordena la toma militar de los puertos de Maracaibo y Puerto Cabello, ante la resistencia de las autoridades regionales a transferir su gestión al poder central.
- 18 marzo.- La Alcaldía del Caracas firma un acuerdo amistoso de desalojo de un solar de Coca Cola-Femsa.
- 26 marzo.- Chávez anuncia que la aerolínea Aeropostal, intervenida en noviembre de 2008, se convertirá en empresa de “propiedad social”.
- 8 mayo.- Nacionalización de 60 empresas de actividades petroleras complementarias (transporte, inyección de agua, vapor o gas) en el lago de Maracaibo (occidente).
- 10 mayo.- El presidente Chávez expropia 10.000 hectáreas de latifundios para fomentar la producción de alimentos.
- 15 mayo.- El Gobierno venezolano inicia la “ocupación temporal”, por 90 días, de una planta productora de pasta de la trasnacional estadounidense Cargill.
- 21 mayo.- Chávez anuncia la nacionalización de cuatro empresas metalúrgicas, Matesi, Comsigua, Orinoco Iron, Venprecar, y una fabricante de tubos de acero sin costura, con capitales japoneses, mexicanos, europeos y australianos.
- 21 mayo.- El mandatario venezolano encabeza el acto de toma de control de la “Planta Compresora de Gas PIGAP II”, expropiada a la firma estadounidense Williams Companies Inc.
- 3 jul.- El Gobierno venezolano formaliza la compra del Banco de Venezuela, filial en el país del Grupo Santander, con un primer pago del total de 1.050 millones de dólares acordados, en un acto que contó con la presencia del presidente de la entidad española, Emilio Botín.
- 14 oct.- El Gobierno venezolano decreta la “adquisición forzosa” del Complejo Hotelero Margarita Hilton, tras vencer el 13 de octubre de 2009 el contrato que tenía la cadena Hilton para su gestión, según explica el Ministerio de Turismo.
- 21 oct.- El Gobierno venezolano interviene dos centrales azucareras como paso previo a su expropiación, una de ellas de capital colombiano.
2010
- 19 ene.- La oficialista Asamblea Nacional venezolana declara de “utilidad pública e interés social” la cadena de hipermecados Éxito, perteneciente al grupo francés Casino, y un centro comercial caraqueño, como primer paso para la expropiación de esos bienes.
- 20 ene.- El presidente Chávez firma el decreto de expropiación de los seis mercados de la cadena de hipermecados Éxito.
- 7 feb.- Chávez ordena la expropiación de un conjunto de edificios en el centro de Caracas para “recuperar su valor histórico”.
- 13 feb.- El gobernante venezolano anuncia que aceptó una propuesta del grupo francés Casino y comprará el 80 por ciento de su paquete accionarial en la empresa Cativen, propietaria de los expropiados hipermercados Éxito y de la cadena de automercados Cada.
- 27 abr.- Chávez firma el decreto de expropiación de unos galpones de las empresas Polar, la mayor productora y procesadora de alimentos del país, a la que recomienda resignarse y no resistirse a la medida.
- 12 may.- El Gobierno venezolano anuncia la nacionalización de la Universidad Santa Inés, en Barinas, el estado natal de Chávez, por presentar supuesta “irregularidades administrativas”.
- 13 may.- El Gobierno venezolano decreta la expropiación de la empresa de alimentos Sociedad Mercantil Molinos Nacionales (Monaca), participada mayoritariamente por el grupo mexicano Gruma.
La ley es clara en cuanto a lo que decíamos en el capítulo anterior. Por tanto, la práctica expropiatoria común del gobierno es claramente ilegal, inviable en Derecho. Cuando el Ejecutivo Nacional anuncia expropiaciones a diestra y siniestra, y luego es que ordena cumplir los requisitos antes explicados, realiza un acto manifiestamente ilegal, desviando el poder conferido por ley, violando la Constitución y las leyes expropiatorias y menoscabando el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos.
Cada una de las expropiaciones realizadas en los últimos tiempos, tienen la marca de la ilegalidad y la arbitrariedad. Debe resaltarse que la expropiación es una figura excepcional, que sólo debe ser utilizada en casos muy específicos. Su uso indiscriminado, ya de por sí, afirma todo un concepto de ilegalidad en ellas.
Actualmente no se cumplen los procedimientos administrativos y judiciales necesarios en las expropiaciones. Mucho menos se motivan las causas de las mismas. Se apela al simplismo de las razones de utilidad pública, sin entrar a detallar cuáles son estas en el caso y momento concreto.
El riesgo empresarial en Venezuela en materia de propiedad es grande, ya que el Estado entiende a la expropiación como una figura sencilla, de fácil y corriente uso. Y es el caso que, como ya se ha resaltado aquí, tal instrumento jurídico debe ser utilizado por el Estado de manera racional y excepcional. Es decir, sólo para muy determinados casos, cuando se demuestre fehacientemente que existen razones de interés general para ello, y cumpliéndose los procedimientos de rigor.
Por ello, lo que dijo la diputada dio en el clavo. Maria Corina Machado definió como piensa este gobierno. Desde aquí, vaya nuestra felicitación por su valentía y su certeza. Pero tal declaración merecía ser aclarada para determinar hasta donde llega su exactitud.
1. “Notas sobre la expropiación” publicado el 22 de febrero de 2010 en el Correo del Caroní y en este blog. http://www.nocionespoliticas.blogspot.com/2010/02/notas-sobre-la-exrpopacion.html y “La Expropiación como riesgo empresarial en Venezuela” publicado el 8 de noviembre de 2010 en el Correo del Caroní y en este blog http://www.nocionespoliticas.blogspot.com/2010/11/la-expropiacion-como-riesgo-empresarial.html En distintas charlas y conferencias en Foros Universitarios y Políticos, de la misma manera, he hablado del tema, así como en mis clases de Derecho Administrativo Formal en la Universidad Monteávila.
2. http://www.youtube.com/watch?v=Uko7FPpF7y0
3. Rechazamos así la noción de la propiedad privada como un derecho humano y por tanto ilimitado. Si fuese así, unos tendrían más derechos que otros, y ello, constitucionalmente, es inadmisible.
viernes, 6 de enero de 2012
2012: POR LA JUSTICIA SOCIAL
2012: por la justicia social
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, lunes 9 de enero de 2012
“La justice n’est pas que fiscale, elle est aussi sociale”
François Hollande
2012, año de búsquedas, de definiciones, de conclusiones. Año en el que se determinará el futuro de Venezuela. En el 2012 habrá un camino a seguir: el de la búsqueda de la verdadera justicia social para los venezolanos.
Mucho se habla de la justicia: la impunidad en Venezuela es realmente alarmante. Las cárceles están repletas de personas sin sentencias firmes, y los culpables de muchos crímenes están libres.
Pero no es a esta a la que me quiero referir, sino a la social. Como dice François Hollande, secretario general del Partido Socialista francés, no solo existe la justicia fiscal, sino también la social. Y en ese rango, el gobierno de Hugo Chávez tiene una deuda insostenible con los venezolanos.
Los niveles de desigualdad que existen en Venezuela son simplemente insoportables. La exclusión aparece como la nueva cuestión social que se expresa en el alto desempleo y la precariedad laboral. De igual manera se manifiesta en el aumento de la pobreza y en una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. El incremento de la desocupación implica el crecimiento del grupo de trabajadores que se desempeñan en el sector informal, gente privada de protección legal y de beneficios de la seguridad social. Muy importante destacar que la apropiación de recursos públicos por parte de los grupos sociales de mayor poder y la falta de voluntad o de capacidad del Estado de lograr responder a las necesidades más elementales del conjunto de la población, son factores explicativos centrales de la exclusión. El acceso diferencial a recursos de poder por parte de las diversas organizaciones de la sociedad civil, junto con la acción u omisión del aparato estatal, explican las enormes diferencias que se perciben en la distribución de beneficios
Por ello, el nuevo gobierno que tomará el poder el próximo año, luego de ganarle electoralmente al fascismo chavista el 7 de octubre de 2012, deberá dar un contenido de justicia social realmente profundo.
El nuevo gobierno debe –citando al doctor Antonio Ecarri Bolívar, segundo vicepresidente de Acción Democrática- impulsar y desarrollar una política justa que permita a todos los venezolanos acceder a las mismas oportunidades, sin sesgos partidistas o políticos, para que el esfuerzo y la capacidad sean los únicos límites que se impongan a sí mismos, sin reducir la diversidad social y política a una uniformidad ideológica, a un pensamiento único. En fin, la primera gran tarea –amén de otras como el ataque frontal a la inseguridad o la revisión de tantos descalabros contractuales con otros países- es lograr políticas públicas de igualdad con justicia social.
La exclusión se ha hecho sistemática, en franco proceso, amplia y profunda. Las políticas públicas sociales no logran llegar a la mayoría de los ciudadanos. Las Misiones no han podido rebasar el muro de la exclusión, y siguen sin llegar a la mayoría de las personas, especialmente a los venezolanos más pobres. En materia de educación o salud, los venezolanos seguimos sin tener acceso a un sistema equitativo. La exclusión se ha hecho más grave con la delincuencia y con la inexistencia de políticas públicas que la ataquen. Ello excluye a los ciudadanos geográficamente, ya que los que viven en un sitio por lo general no van a otro sector por no sentirse seguros. Temas como la pobreza, de la cual se calcula que entre un 40% a un 80% de los hogares venezolanos son pobres; la desocupación y la precariedad laboral que se hace visible con el buhonerismo que no brinda ninguna seguridad social a los venezolanos y en especial, la desigualdad social, deben ser atacados.
Estas situaciones solo pueden ser resueltas con políticas públicas de corte socialdemócrata, con una visión de país que no deje de lado la importancia del capital y el sistema financiero macroeconómico, pero sin olvidar que su meta primordial debe ser la satisfacción social, con ayuda sincera a las clases más desposeídas.
Twitter: @rojasperezm
Manuel Rojas Pérez
Publicado en el Correo del Caroní, lunes 9 de enero de 2012
“La justice n’est pas que fiscale, elle est aussi sociale”
François Hollande
2012, año de búsquedas, de definiciones, de conclusiones. Año en el que se determinará el futuro de Venezuela. En el 2012 habrá un camino a seguir: el de la búsqueda de la verdadera justicia social para los venezolanos.
Mucho se habla de la justicia: la impunidad en Venezuela es realmente alarmante. Las cárceles están repletas de personas sin sentencias firmes, y los culpables de muchos crímenes están libres.
Pero no es a esta a la que me quiero referir, sino a la social. Como dice François Hollande, secretario general del Partido Socialista francés, no solo existe la justicia fiscal, sino también la social. Y en ese rango, el gobierno de Hugo Chávez tiene una deuda insostenible con los venezolanos.
Los niveles de desigualdad que existen en Venezuela son simplemente insoportables. La exclusión aparece como la nueva cuestión social que se expresa en el alto desempleo y la precariedad laboral. De igual manera se manifiesta en el aumento de la pobreza y en una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. El incremento de la desocupación implica el crecimiento del grupo de trabajadores que se desempeñan en el sector informal, gente privada de protección legal y de beneficios de la seguridad social. Muy importante destacar que la apropiación de recursos públicos por parte de los grupos sociales de mayor poder y la falta de voluntad o de capacidad del Estado de lograr responder a las necesidades más elementales del conjunto de la población, son factores explicativos centrales de la exclusión. El acceso diferencial a recursos de poder por parte de las diversas organizaciones de la sociedad civil, junto con la acción u omisión del aparato estatal, explican las enormes diferencias que se perciben en la distribución de beneficios
Por ello, el nuevo gobierno que tomará el poder el próximo año, luego de ganarle electoralmente al fascismo chavista el 7 de octubre de 2012, deberá dar un contenido de justicia social realmente profundo.
El nuevo gobierno debe –citando al doctor Antonio Ecarri Bolívar, segundo vicepresidente de Acción Democrática- impulsar y desarrollar una política justa que permita a todos los venezolanos acceder a las mismas oportunidades, sin sesgos partidistas o políticos, para que el esfuerzo y la capacidad sean los únicos límites que se impongan a sí mismos, sin reducir la diversidad social y política a una uniformidad ideológica, a un pensamiento único. En fin, la primera gran tarea –amén de otras como el ataque frontal a la inseguridad o la revisión de tantos descalabros contractuales con otros países- es lograr políticas públicas de igualdad con justicia social.
La exclusión se ha hecho sistemática, en franco proceso, amplia y profunda. Las políticas públicas sociales no logran llegar a la mayoría de los ciudadanos. Las Misiones no han podido rebasar el muro de la exclusión, y siguen sin llegar a la mayoría de las personas, especialmente a los venezolanos más pobres. En materia de educación o salud, los venezolanos seguimos sin tener acceso a un sistema equitativo. La exclusión se ha hecho más grave con la delincuencia y con la inexistencia de políticas públicas que la ataquen. Ello excluye a los ciudadanos geográficamente, ya que los que viven en un sitio por lo general no van a otro sector por no sentirse seguros. Temas como la pobreza, de la cual se calcula que entre un 40% a un 80% de los hogares venezolanos son pobres; la desocupación y la precariedad laboral que se hace visible con el buhonerismo que no brinda ninguna seguridad social a los venezolanos y en especial, la desigualdad social, deben ser atacados.
Estas situaciones solo pueden ser resueltas con políticas públicas de corte socialdemócrata, con una visión de país que no deje de lado la importancia del capital y el sistema financiero macroeconómico, pero sin olvidar que su meta primordial debe ser la satisfacción social, con ayuda sincera a las clases más desposeídas.
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